Aún no sabemos quién es «Brian», pseudónimo del agente del FBI que le disparó a Filiberto Ojeda sin que se tratara de un caso de legítima defensa. Así lo concluyó en su informe la Comisión de Derechos Civiles, y así tendrá que concluir eventualmente el informe de investigación del Departamento de Justicia de Puerto Rico cuando se haga público el sumario fiscal. Tampoco sabemos el nombre del piloto que dejó caer «por error» la bomba que mató a David Sanes en Vieques, y que marcó el principio del final de la presencia de la Marina de Guerra de Estados Unidos en la isla-municipio. «Brian» está fuera de Puerto Rico, por aquello de reforzar la idea de que el brazo de la justicia puertorriqueña no puede alcanzarlo porque, ante el poder de Estados Unidos, nuestra justicia es manca.
Leo ahora un episodio que me ha hecho recordar estos dos casos: un sargento estadounidense —cuya identidad no ha sido revelada—, que mató a tiros a 16 civiles en Afganistán, fue sacado de ese país a otro lugar desconocido a pesar de los reclamos del pueblo afgano para que sea juzgado donde cometió los delitos, como debe ser. Independientemente de que los 16 asesinatos sean punibles por el código militar de Estados Unidos, Afganistán tiene el derecho —y hasta la obligación— de juzgarlo en sus tribunales porque tales crímenes son también contrarios a la ley penal de ese país. No hay tal cosa como «jurisdicción exclusiva» de la autoridad militar norteamericana.
El fundamento es el mismo por el cual El Pueblo de Puerto Rico tiene derecho a juzgar a «Brian» si se supiera su identidad. Las actuaciones ilegales de los empleados y miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos deben ser juzgadas por los tribunales civiles de los países afectados por esos actos criminales. No hacerlo es claudicar, es bajar la cabeza.
En Puerto Rico necesitamos un «Baltasar Garzón» que azuce nuestra memoria histórica, un buen fiscal que no esté dispuesto a olvidar y perdonar.
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