Hay que ver la que se ha formado ante una modificación de la ley electoral que eximirá a los candidatos a cargos públicos de tener que divulgar sus planillas de contribución sobre ingresos como condición para su postulación. Uno esperaría que los defensores de una medida antipopular como esa fueran los novoprogresistas y no los populares —los del Partido Popular— que siempre han querido distanciarse de los estilos de clóset oscuro y blindajes opacos que caracterizan a su adversario principal. Pues ahora resulta que, ante la reacción airada de la gente, algunos legisladores populares han negado que fueran conscientes de que se estaba aprobando esa enmienda entre el «paquete» que contenía el proyecto de ley, y que votaron «sí», como el papagayo, porque su portavoz Héctor Ferrer se los pidió.
Esta mañana, mientras me enteraba de este brutum fulmen, escuchaba una entrevista que le hacían a Héctor Ferrer, a quien, por sus contestaciones solamente, no habría reconocido. Pero el locutor tuvo la cortesía de hacernos saber el nombre del entrevistado y sólo por eso advertí que se trataba del candidato a Comisionado Residente en Washington por el Partido Popular, y no de un portavoz del PNP. El fundamento de la enmienda que defendía era, según él, la intimidad del candidato o aspirante a candidato. No hay razón, afirmaba, para que un candidato no tenga los mismos derechos —como el de privacidad— que tienen los demás ciudadanos al amparo de la ley y la Constitución. Después de todo, añadió con aire filosófico, «la moral no se legisla». Y para que no cupiera duda de que la divulgación de las planillas debe ser cosa voluntaria y que eso es lo mejor que puede pasarle al país, dijo —como para rematar— que él se proponía revelar las suyas. ¡Miren qué mogolla!
Para empezar, el aspirante a un puesto público no tiene por qué exigir tanto «secreteo» ni «intimidad» en sus finanzas, pues a cambio —tratándose de un legislador—, le vamos a pagar un sueldazo con fondos nuestros que no podría ganar de otro modo, más dietas o bonificaciones diarias por el simple hecho de ir a trabajar, y un subsidio mensual de ensueño para la compra y mantenimiento de un automóvil de lujo. (No incluyo los almuerzos y cenas de cachete, u otras amenidades porque no tengo la prueba). De modo que quien quiera mantener en secreto sus finanzas puede optar por no aspirar a un cargo pagado con fondos públicos. De hecho, el Pueblo de Puerto Rico no los necesita; es preferible que se queden echando barriga en la intimidad de su hogar o en cualquier otro sitio, menos en el Capitolio. El país necesita servidores públicos honrados que no tengan nada que esconder, o como decía Tierno Galván, con los bolsillos de cristal.
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