Las disputas por esas túnicas negras

Por: Hiram Sánchez Martínez

 

El Nuevo Día, 20 de septiembre de 2020, p. 55

Versión electrónica el 19 de septiembre de 2020 en:

https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/las-disputas-por-esas-tunicas-negras/

La muerte ha vuelto a rondar la Corte Suprema de Estados Unidos, esta vez para reclamar a Ruth Bader Ginsburg, una erudita y liberal que desde antes de llegar al estrado venía luchando decididamente a favor de los derechos de la mujer en una sociedad inherentemente desigual y muchas veces machista. Su muerte ha desatado el debate político de siempre porque, al fin y al cabo, los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo son nombramientos basados en fundamentos ideológicos y políticos de quienes los hacen. Y que no se asombre nadie con esta afirmación porque así ha sido toda la vida y así continuará siendo. Mientras la Constitución diga lo que dice y los políticos no varíen su entendimiento sobre la función judicial del más alto tribunal, se seguirán haciendo las cosas del mismo modo.

Ya comienza a perfilarse el debate en cuanto a si el presidente Donald Trump debería abstenerse de hacer el nombramiento de reemplazo de la juez Ginsburg en los restantes meses que quedan de su mandato por tratarse de un año electoral. En el 2016, la mayoría republicana del Senado rehusó considerar por esta razón al nominado del presidente Barack Obama. Ahora, sin embargo, esa mayoría parece haber cambiado de opinión y se propone confirmar en las próximas semanas a un nominado de Trump con tal de no dejarle a los demócratas la posibilidad de nombrar a uno de los suyos.

En Estados Unidos no tienen ningún problema de estatus que dilucidar. Sus grandes controversias, las que más pasiones desatan en la sociedad norteamericana, están relacionadas con cuestiones como aborto, equidad, raza, privacidad y otros derechos civiles cuya defensa y reconocimiento continúan evolucionando y están presentes en el día a día del debate público. Y los partidos políticos saben que la Constitución y las leyes no dicen lo que dicen, sino lo que el Tribunal Supremo dice que dicen. Por eso es que los partidos políticos se disputan esas túnicas negras.

En más del noventa por ciento de los casos que llegan a nuestros tribunales de primera instancia no vienen a cuento esos factores ideológicos a los que me he referido antes, sino que las controversias están relacionadas mayormente con asuntos de obligaciones y contratos, daños y perjuicios, familia, herencias y los de naturaleza procesal o derecho probatorio, entre otros, los cuales rara vez llegan al Supremo de Estados Unidos. Pero cuando, por ejemplo, llega un caso de cuya resolución dependa quién será el próximo presidente de Estados Unidos —recuérdese el resultado del colegio electoral en Florida en 2000 entre George W. Bush y Al Gore— es muy probable que prevalezca aquel litigante identificado con la administración del partido que hizo los nombramientos de la mayoría de los jueces del Tribunal.

En materia de nombramientos judiciales, los partidos políticos son adeptos a la doctrina del “banquete total”, por la cual una mayoría simple en el Tribunal Supremo no les satisface, sino que aspiran a una mayoría absoluta de jueces de su mismo parecer, de su misma visión de mundo. En este momento del trumpismo, se buscarán jueces que sean sus aliados en el conservadurismo y la regresión a las interpretaciones judiciales de los derechos según existían en tiempos pasados. Por nada del mundo Trump renunciará, pues, a su propio banquete.

Esa doctrina la hemos visto aplicada en nuestra propia casa, en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que lamentablemente se puso en ejecución a iniciativa del propio Tribunal cuando estaba constituido por siete miembros. Entonces los cuatro jueces de mayoría nombrados por el PNP, pidieron —estando ese partido en el poder— que se aumentara su plantilla a nueve, con lo cual la mayoría simple de cuatro pasó a ser una mayoría absoluta de seis a tres. Ahora, esta aumentará siete a dos en los últimos días del mes de diciembre próximo ante la jubilación forzosa de una de las juezas nombradas por el PPD. Y si no me creen, apúntenlo donde no se borre. 

Fraude contra el PUA: guiso fácil

 Por: Hiram Sánchez Martínez

El Nuevo Día, 18 de septiembre de 2020, p. 36.

Versión electrónica de 17 de septiembre de 2020:

https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/fondos-del-pua-guiso-facil/

 

Esta vez no estaremos en el medallero de la delincuencia porque se ha descubierto en muchos estados de Estados Unidos un fraude masivo al programa de Ayuda por Desempleo por la Pandemia (PUA en inglés) que va por los millones largos y que tiene a las agencias de ley y orden muy ocupadas y sin dar abasto para investigar y procesar a los responsables. Ellos se llevarán las medallas. Nosotros no estaremos en el medallero. No por no habernos esforzado seriamente para llegar en las primeras posiciones, sino porque ellos tienen mayor población, o han resultado más listos, o lo han hecho a mayor escala. Pero estaremos en la lista, cargaremos con la mancha imborrable de la deshonra con la que queda marcado a veces el rostro de los pueblos.

Hicimos un gran esfuerzo, aunque ninguno nos haga sentir orgullosos: desde menores habilidosos de colegios de renombre —de «buenas familias» y mejores ejemplos para el cultivo de la moral y la ética— hasta confinados en instituciones carcelarias, lugares que deberían ser a prueba de esos tejemanejes con el exterior y no lo son. Sin que nos olvidemos, claro está, de miembros de la Policía —con rango o sin él— que se han aprovechado de la facilidad con que el sistema puede ser burlado para el cobro de beneficios federales. De hecho, creo que hay una muestra representativa de todos nuestros estamentos sociales en esa participación delictiva, por aquello de que en una sociedad democrática y progresista como la nuestra no debería haber discrimen en la provisión de ingenio para el tumbe y la jaibería.

¿Dije progresista? Ha debido ser un lapsus porque ninguna sociedad que adopta el delito como conducta común y corriente de una parte representativa de diversos segmentos poblacionales podría ser tildada de progresista, sino, en todo caso, de retrógada o regresiva. Aunque los delitos no impliquen violencia. Es como si hubiésemos fracasado en lo elemental: en que todas las personas reconozcan desde la niñez el valor de la honradez, que es la base de la confianza mutua que supone la convivencia en paz y armonía; que cada cual sepa los límites de la conducta admisible y aprendan a identificar la línea que nunca debe cruzarse.

Lo mismo que aquí, las prisiones allá han sido terreno fértil para ese tipo de fraude. Ha habido una gran incidencia de reclamaciones fraudulentas al PUA, muchas de las cuales han sido hechas por reos renuentes, pero actuando forzados por el grado extremo de intimidación y violencia que acaece en los entornos carcelarios. Y los que puedan probar eso en su día —tanto allá como acá— tendrán disponible una defensa afirmativa que podría librarlos de responsabilidad penal. Pero ¿y los demás? ¿Y los empleados públicos que sin excusa falsearon información para cualificar para los beneficios? ¿Y los menores, aquellos niños bien que tomaron el robo de fondos públicos como un «juego de tronos», con qué cara se presentarán ante el juez o la jueza?, ¿qué teoría se les ocurrirá invocar para salirse con la suya?

Llegado el momento, y suponiendo que haya convicciones en los delitos o faltas que se imputen, los jueces y juezas tendrán la responsabilidad de diseñar medidas ejemplarizantes adecuadas que hagan entender que el robo de fondos públicos debe ser penalizado firmemente, tanto para desalentar este tipo de comportamiento en los demás ciudadanos, como para facilitar la rehabilitación de los delincuentes así declarados.

Que sepan que no es cuestión de deslumbrarse ante el festín de fondos federales que nos llegan y suponer que sin tener derecho, pero con un poco de ingenio y buena suerte, se pueden apropiar de estos sin mayores riesgos. Porque los que han incurrido en este tipo de conducta delictiva probablemente razonaron igual que hizo el Pedro Navaja de Rubén Blades cuando vio caminando sola por la calle a aquella mujer, y dijo: «Guiso fácil», sin saber que ella le tenía preparada una gran sorpresa, de esas que da la vida.

 

La presidencia de la CEE: ¿a la tercera la vencida?

 Por: Hiram Sánchez Martínez

El Nuevo Día, 1 de septiembre de 2020, versión digital:

https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/la-presidencia-de-la-cee-a-la-tercera-la-vencida/

 

Estoy a punto de perder la cuenta del número de querellas de destitución por negligencia e ineptitud que se han presentado contra el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila Rivera. Sabemos que el Tribunal Supremo ya designó el panel de jueces de apelaciones para atenderlas, y que es de suponer que habrán de adjudicarlas en breve plazo, pues el tiempo apremia y la Comisión continúa ardiendo y echando humo. Y el país en ascuas.

No quiero entrar en el debate de si el fracaso del actual presidente de la Comisión se debe a la implementación de un nuevo Código Electoral —algo que otros más ilustrados que yo en temas electorales han estado discutiendo—, sino en la simple opinión de quién mira con asombro cómo se viene abajo una de las instituciones más prestigiosas de Puerto Rico y se pone en riesgo la celebración ordenada de las próximas elecciones generales.

El nuevo Código Electoral de 2020 requiere que el presidente de la Comisión sea un juez en funciones. Reconozco el apego que muchos tienen a la idea de que si se es juez es más probable que quien ocupe el cargo no tema quedar desempleado al cabo de su presidencia y que aproveche sus años de experiencia en neutralidad desde el estrado —la de resolver controversias entre partes muy disímiles a base estrictamente de los hechos y el derecho aplicable, y no de consideraciones extrañas (como la afiliación partidista de alguna de las partes, por ejemplo)—, porque realmente no hay un elemento “mágico” en eso de ser juez. Reconozco que hay otras profesiones capaces de aportar hombres y mujeres capacitados, honrados y virtuosos que podrían desempeñarse con la misma eficacia de objetividad que los jueces en el manejo de los asuntos electorales de la Comisión.

Hasta el cuatrienio pasado, los jueces nombrados a la presidencia de la Comisión descargaron competentemente sus cargos. Ahí están los nombres de Héctor Conty, Aurelio Gracia, Ramón “Raymond” Gómez y Juan R. Melecio. Tanto es así que se menciona la posibilidad de enmendar el Código Electoral para que el presidente pueda ser exjuez, y así poder convencer al exjuez Conty para que regrese a la Comisión como un sacrificio patriótico. Y lo digo porque en este cuatrienio ya se han nombrado dos jueces en propiedad para el cargo y ninguno ha dado pie con bola. El primero, el juez Rafael Ramos Sáenz, fue sorprendido, siendo juez, participando en un chat político que le costó ambos cargos. Fue acusado por diecinueve infracciones a la ley y sentenciado a seis años de cárcel en probatoria.

En cuanto al segundo, el juez Dávila, no se supone que, de haber sido bien hecho, su nombramiento hubiese sido el fiasco que ha resultado ser. Aunque la ley requiere que el presidente de la Comisión sea juez, se nombró a uno que no lo era, que nunca lo había sido. Sus nombramientos de juez y de presidente fueron hechos simultáneamente, solo para cumplir “en el papel” el requisito para un cargo que no cualificaba. Además, el Código Electoral requiere que el presidente sea “de reconocida capacidad profesional” y hoy hemos descubierto su incapacidad declarada por el propio Tribunal Supremo en su reciente opinión sobre las pasadas primarias. Peor aún, la ley requiere que el presidente tenga “conocimiento en los asuntos de naturaleza electoral”, y está fuera de discusión que de eso es lo menos que sabe, según opinión de los que sí saben.

Considero que es hora de sustituir al actual presidente; y que si no se va, hay que “irlo”. Deberíamos enmendar la ley y traer a un funcionario de comprobada competencia. No creo que sea conveniente para el país esa fijación con la idea de que la presidencia de la Comisión deba recaer siempre en un juez en funciones. Estaríamos apostando a aquello de que “a la tercera va la vencida”. ¿Y si nos equivocamos de nuevo?

Algo bueno que ha enseñado a los médicos el Covid-19

Por: Hiram Sánchez Martínez

El Nuevo Día, 20 de julio de 2020, p. 32

Versión electrónica de la misma fecha:

https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/algo-bueno-que-ha-ensenado-a-los-medicos-el-covid-19/

Me dí cuenta de que había comenzado a ponerme viejo la vez que fui al médico por un dolor de garganta y salí con un diagnóstico de diabetes, y en la mano la receta para una pastilla que todavía tomo. Es una condición hereditaria, me dijo, que se manifiesta con la edad. De modo que ahí estaba yo a los cuarenta años, sin saber qué decir, todavía sin canas ni arrugas, comenzando a sentirme como mi abuela y mis tías diabéticas, a quienes yo consideraba ancianas desmejoradas. Después, comenzaron a transcurrir los años y, con cada lustro, a aumentar la frecuencia de mis visitas a los médicos e, igualmente, el diagnóstico de nuevas condiciones acompañadas de la explicación, como para tranquilizarme, de que eran más o menos “normales”, achaques propios del envejecimiento del cuerpo humano.

Al cabo de los años, ya jubilado, mi nueva “normalidad” vino a ser la de acudir con mayor frecuencia a las oficinas de los médicos especialistas, en citas gestionadas con cuatro o seis meses de anticipación, para las que tenía que prepararme mentalmente porque sabía que iría a perder todo el día o gran parte de este, esperando por mi turno en oficinas atestadas de pacientes y en las que muchas veces ni siquiera había sillas suficientes para sentarme.

Es cierto que la Asamblea Legislativa intentó ponerle remedio a ese problema de tanta desconsideración y creó la figura del Procurador del Paciente, quien con su reglamentación requería que se atendiera al paciente por horas-calendario para que este no tuviera que esperar tanto. Pero quien hizo la ley no contaba con la trampa, y muchos médicos —no todos— comenzaron a incluir entre los papeles que le daban a firmar al paciente uno que constituía una renuncia de ese beneficio. Y, nuevamente, las largas esperas quedaron “legalizadas” y el beneficio de la ley para los viejos se convirtió en letra muerta. (Aclaro que tengo dos médicos que siempre lo han hecho bien).

Entonces llegó el Covid-19, con el mismo aviso que dan para los huracanes, y ya no se hizo posible la desconsideración de algunos médicos de tener sus oficinas atestadas de pacientes de mayor edad sin ser atendidos durante largas horas. Fue así como la pandemia logró lo que no quiso hacer nuestro legislador: obligarlos a organizarse seriamente. Por fin  los médicos estiman el tiempo aproximado que tardarán en atender al paciente, conceden cita al número razonable de pacientes que pueden atender por hora —sin citar a pacientes de más—, llaman el día antes para confirmar la cita, y les piden a estos que lleguen solo minutos antes para evitar la aglomeración de pacientes y aminorar la posibilidad de contagio. En sus oficinas han reducido el número de sillas (para guardar la distancia física aconsejada). Pero, sobre todo, los pacientes son atendidos prontamente, que es como debería ser siempre aunque no tuviéramos el Covid-19 deambulando por los alrededores.

También nos hemos beneficiado de la llamada telemedicina que es un instrumento muy útil cuando la presencia física del paciente no es indispensable, generalmente para visitas rutinarias o de seguimiento. La tecnología ha viabilizado este nuevo modelo. El médico envía la orden de exámenes de laboratorios por fax o correo electrónico, los laboratorios reportan los resultados por el mismo medio al paciente, este los envía al médico, el médico los examina junto a todo el récord de su paciente, luego lo llama por teléfono y, a base de la entrevista (consulta), decide si debe verlo personalmente, o si es suficiente renovar su receta, cosa que hace enviándola directamente a la farmacia, donde finalmente el paciente recoge sus medicinas.

En fin que, una vez el coronavirus se haya vuelto tolerable, sería bueno que los propios médicos sean concientes del beneficio de organizar su práctica como al presente. La actual experiencia ha demostrado que esto es posible y que la práctica de la medicina no tiene por qué ser opresiva con las personas que peinamos canas. Ni con nadie más.